Custodia Compartida

La semana pasada se hacía viral una noticia que la mayoría de periódicos, virtuales o en formato papel, titulaban, por ejemplo, “Absuelta una madre por quitar el móvil a su hijo “con un leve forcejeo” o “Absuelta una madre denunciada por su hijo en El Ejido por quitarle el teléfono móvil para que estudiase”.

 

Pongámonos en antecedentes:

El pasado 28 de febrero una madre le quitó el móvil a su hijo de 15 años para que dejara de jugar con el aparato y se pusiera a estudiar. El menor se resistió y la madre tuvo un leve forcejeo con él para arrebatarle el teléfono.

A la mayoría les parecerá una escena cotidiana, seguramente lo es en miles de hogares, pero quizás no lo sea tanto cuando el adolescente se siente maltratado porque al parecer salió con un arañazo de la pequeña refriega y, acompañado por un familiar directo, denuncia a su progenitora ante la Guardia Civil.

Las diligencias penales avanzaron en un juzgado, con el respaldo de la fiscalía, y la mujer, de 37 años, se sentó por primera vez en su vida en un banquillo de los acusados hace pocos días para ser enjuiciada por un presunto delito de malos tratos en el ámbito doméstico. El ministerio público pidió para ella nueve meses de prisión y asumir el pago de las costas.

 

¿Qué estableció el Juez?

El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Almería, Luis Miguel Columna ha avalado su actuación y la ha absuelto de estos cargos al entender que su conducta fue más que correcta.

El magistrado cree que la madre ejerció “en el pleno derecho y correcto ejercicio” de los derechos y obligaciones de la patria potestad. En momento alguno se “extralimitó”, añade el juez. E invita a ver el caso desde la óptica contraria, es decir, también “sería responsabilidad de la madre el haber dejado a su hijo jugando con el móvil y no hacerlo estudiar”. “Entre las obligaciones que se establecen en el Código Civil derivadas de la patria potestad, está la de preocuparse por la educación de los hijos, que es precisamente lo que hizo la acusada (…) sin utilizar rigor alguno innecesario para ello”, remacha el fallo judicial.

 

“Dadle todo lo que desee, así crecerá convencido de que el mudo entero le debe todo” y, además, “comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece” (primer mandamiento del Decálogo para formar un delincuente elaborado por el juez de Menores Emilio Catatayud).

 

Y nosotras nos preguntamos…

…¿qué ha pasado con la educación de los menores? ¿Y con sus obligaciones dentro de la familia? ¿Tienen los padres alguna autoridad sobre sus hijos? ¿Pueden imponerles alguna decisión?

La relación entre padre e hijos ha cambiado mucho en los últimos años. Hemos pasado de un sistema autoritario, basado en el miedo a los padres y en el que se permitía el castigo físico, a un sistema constitucional respetuoso con los derechos del menor y que intenta preservar, en todo momento, su interés superior.

Los poderes públicos han asumido tareas muy importantes en la protección de los menores. Han garantizado su educación a través de un sistema público y gratuito que persigue la igualdad de oportunidades para que puedan construir su futuro.

Han reconocido su capacidad de decisión en determinados asuntos como, por ejemplo, para contraer matrimonio, otorgar testamento y tener cierta autonomía en el ámbito sanitario. La legislación también ha protegido el patrimonio de los menores para que no se utilice por los padres sin las debidas garantías.

También se ha reconocido la capacidad de los menores con discernimiento para ser oídos en aquellos procesos en los que estén involucrados lo que tiene una especial importancia en los juicios de divorcio.

Todos estos avances y muchos otros deben valorarse de forma muy positiva porque sitúan a los menores en el lugar que les corresponde en una sociedad democrática. Sin embargo, también transmiten la idea (equivocada) de que los menores solo tienen derechos.

 

…¿qué pasa con los deberes?¿Los menores tienen obligaciones?¿Y con sus responsabilidades?

En contra de lo que comúnmente pudiera pensarse, los menores tienen obligaciones hacia sus padres. Se detallan en el artículo 155 del Código Civil. La primera de ellas (y más importante) es que los hijos deben “obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles siempre”. Y, la segunda, comprende su obligación de “contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella”.

Ser padre en la sociedad actual no es fácil. La legislación atribuye a los padres obligación de velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.

A pesar de las dificultades que todo padre se encontrará en mayor o menor medida para cumplir esos mandatos, seguramente hará todo lo posible para que sus hijos puedan alcanzar sus aspiraciones y vivir en un mundo mejor, más justo y más libre.

Si todos nos preocupamos cuando un padre es negligente en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿por qué no hacemos lo mismo cuando un hijo olvida sus responsabilidades?

¿Por qué no hacemos ver entre todos a ese menor que el respeto a sus padres es un valor esencial de la convivencia? ¿Por qué no recuperamos el valor de la responsabilidad de los menores como algo positivo?

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