Custodia Compartida

El caso de Juana Rivas esta siendo, sobre todo, un espectáculo mediático lucrativo y una oportunidad de promoción para distintas organizaciones.

Pero si tenemos que valorar lo positivo de todo este revuelo, aparentemente ha servido para llamar la atención sobre un problema mucho más amplio, generalizado y profundo que el protagonizado por una madre rebelde.

La custodia de menores, bien sea compartida o no entre los progenitores, o tutelada por la administración en caso de desamparo, es motivo de polémicas sentencias y de situaciones que dejan desprotegidos a los niños y a sus familias, y cuestionan el propio funcionamiento del Estado de Derecho y sus instituciones.

Los jueces no saben muy bien cómo concretar el famoso principio del “interés superior del menor”, dado que, una vez rota la convivencia pacífica de sus padres, cualquier otra alternativa es artificial, pasajera y en muchos casos experimental. Pero además de la dificultad intrínseca de defender ese “interés superior”, a menudo la cosa se complica cuando intervienen otros factores como la violencia machista, el maltrato de cualquiera de los progenitores, los abusos sexuales a los menores por parte de uno de ellos o ambos, las absurdas intervenciones familiares de los Servicios Sociales, los informes incompetentes de sicólogos, psiquiatras, educadores y trabajadores sociales, las delaciones sospechosas del entorno familiar o vecinal, o los partes médicos y policiales muchas veces confusos y poco concluyentes.

Buena prueba de ello ha sido este caso prime time de Juana Rivas, del que se escribirá un best seller y se hará un docudrama para alguna cadena oportunista.

La implicación de dos países distintos de la Unión Europea, unido a la presión informativa y la proveniente de la opinión pública expresada a voces en la calle y en todos los programas de tertulias audiovisuales, en todos los editoriales y páginas de opinión y en todas las publicaciones de redes sociales, ha causado un estrés insoportable en el sistema judicial.

Para unos jueces, el padre tiene derechos. Para otros, la madre puede saltarse sentencias judiciales sin que tenga que ir necesariamente a prisión. Unos consideran que ha habido un secuestro. Otros creen que una madre, por encima de cualquier consideración legal, debe defender a sus hijos de cualquier mal, incluida una injusta sentencia firme. Unos jueces opinan que el padre puede y debe estar con sus hijos, y que Juana es una delincuente que se ha saltado la ley con la excusa de proteger a sus hijos. Para otros jueces el padre es un maltratador y, por lo tanto, puede verlos contadas veces, pero no custodiarlos.

¿Cómo acabará?

De momento se ha impuesto la cordura y se ha decidido que, buenas o malas, las sentencias judiciales han de acatarse o el Estado de Derecho quebraría definitivamente.

Podremos protestar, manifestarnos en contra, recurrir a otras instancias, denunciar y querellarnos contra los magistrados si hiciera falta; pero si la interpretación de las leyes la dejamos en manos de un tertuliano de televisión, un periodista, una madre herida, un grupo feminista, una asociación católica de padres o una abogada a sueldo, mal vamos a poder gobernarnos como sociedad.

En este caso de Juana Rivas todo el mundo tiene su opinión, pero casi nadie sabe exactamente lo que pasa y ha pasado. No sabemos por qué el padre es declarado maltratador y si no fue ésta una estrategia de Juana para quedarse con la custodia de sus hijos y poder volver con ellos a España. No sería ni la primera ni la última vez que una madre utiliza algo así para sus propios fines. A lo mejor no es así y el padre es un maltratador peligroso. En tal caso, sus hijos pueden correr peligro con él y Juana hace bien en intentar por todos los medios quedarse con ellos. Pero entonces los jueces son unos ineptos ya que si es un maltratador ¿por qué le conceden la custodia? Custodia que la propia Juana pensaba compartir con su maltratador. Algo no encaja.

Definitivamente no sabemos si esos dos niños de 11 y tres años estarán mejor con su madre, que los ha mantenido ocultos a la justicia durante casi un mes y a los que les ha privado del contacto de su padre durante 15 meses. Tampoco sabemos si los habrá predispuesto contra el padre o si habrán desarrollado un Síndrome de Alienación Parental. Tampoco sabemos si es cierto que el padre aceptó la condena por maltrato en 2009 -¡hace ya 8 años!- para poder ver a su entonces único hijo, ya que nunca reconoció haber maltratado a Juana. Posteriormente han tenido otro hijo.

Todo es confuso y, precisamente por eso, la magistrada de la primera sección civil de Cagliari ordenó, en una sentencia del 3 de julio —antes de que Rivas desapareciera con sus hijos—, que los servicios sociales controlen al padre y que vigilen a los menores cuando regresen, para cubrirse en salud y comprobar si es verdad que Francesco es un buen padre y no un desquiciado.

¿Y lo realmente importante?

Sabemos que en las separaciones enconadas y violentas, las parejas se abofetean en la cara de los hijos. De la brutal cosificación que sufren éstos cuando, en esas circunstancias, pasan a ser meros rehenes, objetos cuya posesión y propiedad se disputan los progenitores, poco se ha hablado en relación al caso de la sustracción de los hijos de Juana Rivas perpetrada por ella misma seguramente en compañía de otros, pese a que toda persona ha añadido a su opinión la coletilla de que «lo importante son los niños».

Si lo más importante son los niños, la hipocresía social en éste caso ha llegado a los extremos más tóxicos y delirantes, particularmente de la mano de quienes han alentado, inducido, promovido y jaleado el secuestro de unas criaturas que, como todas, lo que necesitan en su entorno para su sano desarrollo es sosiego, armonía y, desde luego, la sujeción de sus mayores a las normas básicas de convivencia, al derecho, a la justicia y a la ley.

Proteger a los hijos de peligros imaginarios o reales no consiste en secuestrarlos, en burlarse de cuatro jueces y de sus correspondientes sentencias, en romperles el alma a golpes de alienación parental hasta dejársela escindida, en arrancarles de su entorno y de su país de residencia, en esconderlos de la luz del día, en inscribir malamente sus nombres con caracteres indelebles en Internet, o, a lo último, ante el temor de acabar en la cárcel por semejantes delitos pese a la extrema indulgencia que con su comportamiento ha mostrado la Administración de Justicia, en entregarlos en la Comandancia de la Guardia Civil en vez de en uno de los puntos de encuentro familiar bien preparados para hacer más llevadero ese doloroso trance a las criaturas.

Pero aún se dice que el error de Rivas ha sido simplemente el de haber sido mal asesorada, como dando a entender que, con una asesoría más cuerda, el error de apropiarse de sus hijos por las bravas y el de retenerlos pese a las repetidas sentencias judiciales, no es un error.

¿Y los niños? ¿No eran lo más importante? ¿No había que ponerse principalmente en su lugar?

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